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Se entregó uno de los involucrados por las compras “truchas” en Salud

Salud 7 septiembre, 2016 - 3:43 pm

El dueño de la imprenta y sindicado como el responsable de emitir las facturas para las compras “truchas” en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, Victor Hugo Shama, se entregó hoy en el Juzgado de Garantías, según pudo saber Alerta Online de calificadas fuentes judiciales.

El pedido de detención de Shama había sido solicitado, junto con el de otros dos presuntos involucrados, por el fiscal de Delitos Complejos, Jorge Paolini, la semana pasada.

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Las otras dos son Juan Di Meglio y Víctor Casares. Uno de ellos, trascendió en fuentes judiciales, habría estado involucrado en el escándalo por la compra de medicamentos oncológicos, causa por la que fueron procesados en capital federal dirigentes sindicales.

Otra de las novedades surgidas en la causa tiene que ver con la confirmación del pedido de detención formulado por Paolini en relación a los ex funcionarios del área de Adicciones, Carlos Sanguinetti y Viviana Callegui.

La Cámara Penal de La Plata desestimó el recurso de hábeas corpus planteado por ambos, con lo que ahora deberían presentarse ante la Justicia.

la investigación se inició a partir de otra causa por defraudación al Estado con venta de drogas oncológicas en el IOMA, en la que hubo varios detenidos, entre ellos el empresario Leonardo Paci.

A partir de la nueva investigación fueron detenidos Paci junto a el empresario Leandro Durand y los ex funcionarios de Salud, Hernán Azzarri y quien fuera directora general de Administración de esa cartera, Beatriz Priolo.

Priolo, Azzarri y Durand fueron excarcelados bajo fianza.

En las escuchas telefónicas realizadas en el marco de esa investigación, se detectaron algunas conversaciones sobre posibles manejos irregulares en la adquisición de insumos en el ministerio de Salud.  Como consecuencia, el fiscal Paolini dispuso una serie de medidas de prueba que arrojaron como resultado una posible cadena de actos fraudulentos, entre 2012 y 2013, con la compra de elementos variados, desde pintura, membranas para techo y hasta toner para impresoras, que habrían sido armados “con la sola finalidad de sustraerle dinero al Estado”.

Según trascendió, hasta el momento se habría comprobado una suma de 500.000 pesos que salió de las arcas provinciales para adquirir insumos que nunca llegaron a destino. “Los procesados armaban expedientes falsos por compras que nunca se hacían, con la sola finalidad de quedarse con el dinero”, consignaron las fuentes.

La Justicia entendió que hay evidencias y pruebas suficientes como para sospechar que se está ante los delitos de “asociación ilícita, fraudes reiterados contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública”.

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