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Reiteraron pedido de declaración indagatoria a Cristina Kirchner

Cristina-Telam2-Sergio-Quin 5 septiembre, 2016 - 8:23 am

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió las indagatorias de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex ministro de Economía Axel Kicillof. Los ex referentes del gobierno kirchnerista se encuentran acusados de haber ocultado operaciones bancarias que comprometerían al titular de la empresa Austral construcciones, Lázaro Báez.

Por su parte, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques apresuraron al juez Julián Ercolini a que cite a Fernández de Kirchner e inhiba todos sus bienes. Además, los funcionarios judiciales hicieron llegar a Ercolini una lista de 227 puntos de prueba que la tienen señalan como la encargada de un “plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial” a Báez.

Asimismo, los fiscales respaldaron el pedido de indagatoria a la ex jefa de Estado con pruebas que anexaron a su dictamen para que las medidas se tomen “de manera urgente”. Como contrapartida a esta instancia, Pollicita y Mahiques le dijeron al juez Ercolini que reasuma la investigación del caso y tome las medidas que sean necesarias antes de interrogar a Fernández de Kirchner.

El foco de la investigación está en el direccionamiento de la obra pública hacia Báez y argumentaron que desde que Néstor y Cristina Kirchner llegaron al poder nombraron a Julio de Vido y a otras funcionarios en el área con el plan de saquear las arcas del estado mediante esta maniobra, según precisaron al magistrado los fiscales federales.

Y ratifacaron: “Se investiga la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos, a partir de la cual se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos”.

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