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Rechazan competencia judicial de Santa Cruz para investigar a Báez

cc281114e004f06_jpg_1328648940 18 agosto, 2015 - 4:14 pm

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó la incompetencia de la Justicia de Río de Gallegos para llevar adelante la investigación sobre Lázaro Báez por irregularidades en algunas contrataciones entre sus empresas y Hotesur. En este sentido, el Tribunal ratificó la competencia de la Justicia Federal de Capital Federal y la unificación con la causa que inició Claudio Bonadío y que continúa Daniel Rafecas.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió confirmar el fallo que declaró la incompetencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos para entender en la causa iniciada por el empresario Lázaro Báez, que el 16 de diciembre de 2013 hizo una presentación en la Justicia de Santa Cruz solicitando que “se investiguen los supuestos hechos delictivos que se le adjudicaron en las notas periodísticas de Hugo Alconada Mon, publicadas en el diario La Nación el 15 y 16 de diciembre de 2013, bajo los títulos `En secreto, Báez le aseguró millonarios ingresos a los Kirchner´ y `Báez pagó a los Kirchner un millonario ‘alquiler’ en el Sur´”.

El Tribunal de Comodoro Rivadavia rechazó la apelación presentada por el empresario al fallo de primera instancia que declaró la incompetencia de la Justicia de Santa Cruz para atender su denuncia.

A la vez, la resolución revoca la decisión de primera instancia que atribuyó la competencia del requerimiento de Báez al Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1 de la Capital Federal y asigna la investigación al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal Nº 11.

Ese juzgado investiga lavado de dinero e irregularidades en la presentación de la documentación societaria de Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ), a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional y candidata presidencial Margarita Stolbizer, en base a las notas periodísticas de Alconada Mon.

“En efecto, surge que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal nº 11, secretaria 22, tramita la causa 11352/14, cuyo objeto procesal es idéntico al de esta causa. En tales actuaciones, caratuladas `Fernández de Kirchner Cristina y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público´, se investigan los supuestos delitos cometidos por Cristina Fernández y Néstor Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur S.A., controlante del hotel Alto Calafate, así como las eventuales”, argumenta el fallo, que lleva las firmas de los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Erico Suárez.

De esta manera, la causa iniciada por el pedido de Báez quedará en manos del juez Daniel Rafecas, en virtud del principio de “economía procesal” y de que cualquier juez que se desempeñe en “las jurisdicciones en las que se ha desarrollado alguna parte de la acción, será en principio competente para la instrucción de la causa”.

Los tramos más importantes de fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia:
Lo cierto es que de la síntesis de los artículos acompañados, surgen diversas maniobras que vincularían al denunciante con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, su marido fallecido y su entorno; las que por sus características podrían constituir los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se desprende de los mismos que Néstor Kirchner y Cristina Fernández colocaron la administración de la Hostería “Las Dunas” y el Hotel “Alto Calafate”, propiedad de Hotesur S.A. (del que ambos resultaban accionistas mayoritarios), en manos de la firma “Valle Mitre S.A.” controlada por Lázaro Báez, con la colaboración del escribano Leandro Albornoz y de su esposa.

Surge también del artículo que el Gobierno Nacional habría contratado dicho hotel para servicios en congresos y eventos (vg. 3er. Congreso Federal de la Industria”, noviembre 2012); así como que entre los años 2010 y 2011, a través de “Valle Mitre S.A.”, Lázaro Antonio Báez habría pagado una cifra millonaria –unos $ 3.200.000– a Cristina Fernández y Néstor Kirchner en concepto de alquiler de la Hostería “Las Dunas”, siendo que ninguno de ellos declararon tal emprendimiento como propio ante la Oficina Anticorrupción.

Tal como surge de fs. 20/vta desde dicho Juzgado se informó que a raíz de la denuncia efectuada por los diputados Carrio y Sánchez, con fecha 16 de diciembre de 2013 se dio inicio a la causa 1830/13. Para ello, se tomaron como base los mismos artículos periodísticos que motivan la presentación de Báez, siendo su objeto de investigación las posibles consecuencias tributarias de los convenios celebrados entre distintas empresas de las que Lázaro Báez es accionista con la gerenciadora Valle Mitre SA., en las determinaciones del Impuesto a las Ganancias y del IVA, por los periodos 2010/2011.

Pese a que el objeto procesal de la presente causa se evidenciaba como de mayor amplitud, el representante del Ministerio Público indicó a fs. 18 que correspondía que el Juzgado de Rio Gallegos se declare incompetente y disponga la remisión de las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Penal Tributario nro. 1. Tal temperamento fue compartido por la judicante,quien declinó su competencia para intervenir en la denuncia que da origen a la presente causa.

Puestos a resolver y tal como surge del informe actuarial de fs. 174, advertimos que no existiría sustrato de conexidad con el juzgado Nacional en lo Penal Tributario nro. 1. a quien la a quo pretendió atribuir competencia, por cuanto las actuaciones han sido archivadas.

Sin embargo consideramos que la decisión de desprenderse de la causa debe mantenerse, aun cuando la declinatoria deba ser a favor del Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal nº 11.

En efecto, surge del informe de fs. 161/163 vta., que en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal nº 11, secretaria 22 tramita la causa 11352/14 cuyo objeto procesal es idéntico al de esta causa, según surge de los datos aportados y la copia de los requerimientos de instrucción de fs. 119/127.

En tales actuaciones caratuladas “Fernández de Kirchner Cristina y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” se investigan los supuestos delitos cometidos por Cristina Fernández y Néstor Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur S.A controlante del hotel Alto Calafate, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. La causa se inició por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por irregularidades de la Inspección General de Justicia en el modo en que se manejó la documentación de Hotesur, luego la denuncia fue ampliada y el ministerio publico fiscal requirió que se investiguen también las sospechas de lavado de dinero entre la firma hotelera presidencial y Lázaro Báez.

VI. Ahora bien, este tipo de casos encuentra solución doctrinaria en la llamada teoría de la ubicuidad, según la cual, el delito debe reputarse cometido tanto donde se produce el resultado como allí donde se ha ejecutado la acción.

Es decir que en estos supuestos, el hecho se estima cometido en todas las jurisdicciones en las que se ha desarrollado alguna parte de la acción, y también en el lugar de la verificación del resultado. En consecuencia, el Juez de cualquiera de ellas, será en principio competente para la instrucción la causa.

El problema derivado de la inexistencia de un criterio unívoco para determinar el tribunal competente, resulta solucionable al decir de Maier solo por una decisión valorativa, que responderá a criterios correctivos de economía procesal, que pueden fluctuar según las particularidades del caso

VII. Puestos a determinar entonces el tribunal competente en los presentes actuados a partir de los criterios expuestos consideramos que ante la existencia de la investigación que tal como expusimos supra, lleva a cabo el Juzgado Nacional y Criminal Nro. 11 de Capital Federal, corresponde que el mismo continúe con la tramitación de la causa.

Si bien la denuncia que da origen a la presente es anterior en el tiempo 16/12/2013al requerimiento de instrucción que efectuara el fiscal Stornelli en virtud de la denuncia realizada por la diputada nacional Margarita Stolbizer10/11/2014, no puede soslayarse que en la presente investigación no se ha producido ninguna medida probatoria. Sin embargo en aquella otra causa, y tal como es de público conocimiento se han llevado a cabo numerosas diligencias, cuyo resultado se encuentra a estudio del magistrado y del titular de la acción y que serían las mismas que, en muchos casos, tendrían que “producirse en la presente”. Es aquí donde los principio de económica procesal y rédito investigativo cobran relevancia.

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