Argentina - Lunes 22 de Mayo de 2017 02:33 PM
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Procesaron a Hebe de Bonafini y a Sergio Schoklender por Sueños Compartidos

El ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, se present- esta ma–ana en los Tribunales de Comodoro Py, para entregar una escrito en el cual responsabiliza a Hebe de Bonafini de los manejos de dinero que recib'a la Fundaci-n para la construcci-n de viviendas sociales,


FOTO MAXIE AMENA 15 mayo, 2017 - 5:34 pm

El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi procesó hoy a Hebe de Bonafini y a Sergio Schoklender por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos, que significó una inversión de más de $1.200 millones (en total se transfirieron casi 750 millones). Ambos fueron procesados por el delito de defraudación de la administración pública.

También fueron procesado Abel Fatala, el ex secretario de Obras Públicas José López y Pablo Schoklender, el menor de los hermanos. A todos se les trabó un embargo de 250 millones de pesos sobre sus bienes.

En cambio, el juez dictó la falta de mérito para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y para todos los gobernadores e intendentes donde se realizaron las obras. Se trata del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; el ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y el de Misiones, Maurice Closs.

La Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. También comprobó un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales.

Los cheques oficiales eran descontados en cuevas, pero terminaban siendo depositados por empresas agropecuarias y cooperativas para pagar menos impuestos. Con ese mecanismo, los Schoklender manejaban millones de pesos en efectivo.

La investigación sobre “Sueños Compartidos” va camino a cumplir seis años en mayo próximo. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los hermanos Schoklender y a sus allegados. Pero la investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartarlo. Desde entonces, todo el expediente se concentra en el juzgado de Martínez De Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.

En la última ronda de indagatorias declararon 43 personas, entre funcionarios nacionales, provinciales, municipales.

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