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Gils Carbó designó a dos empleados en el juzgado que no investigó a Báez

Alejandra_Gils_Carbó 28 agosto, 2016 - 9:30 am

La procuradora general de la Nación designó dos empleados en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, donde se demoró la investigación sobre el uso intensivo de facturas truchas por Lázaro Báez. Lo hizo sin consultar con la Cámara Federal de la localidad bonaerense, pasando por encima de la frontera entre Poder Judicial y Ministerio Público, lo que podría configurar el delito de abuso de autoridad.

Los empleados, según informó el diario La Nación son Victoria Fraga y Leandro Massari y la designación se realizó el 24 de julio del año pasado. Esta información salió a la luz ahora, al tiempo que el fiscal federal de esa ciudad, Antonio Castaño, acusó a Báez y empresarios locales de montar una asociación ilícita fiscal, con “la connivencia” de funcionarios de la AFIP y con Bahía Blanca como “punto estratégico del entramado”.

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El desembarco de ambos se produjo a pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien arribó como subrogante a Bahía Blanca tras la salida de su antecesor, Santiago Ulpiano Martínez, quien había dado un claro empuje a la pesquisa local sobre Báez y las facturas truchas.

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En la Procuración defendieron la legalidad de esas adscripciones. Plantearon que las solicitó Ramos Padilla y recibió el aval posterior del Consejo de la Magistratura, “lo que constituye un dato de relevancia clave”. Más aún, indicaron que el artículo 253 del Código Penal -que sanciona la designación de funcionarios sin concurrir los requisitos legales-, “en nada podría resultar aplicable a un caso como éste”.

 

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