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Garrigós de Rébori pidió la renuncia de Rosatti, Rosenkrantz, y Highton

Garrigós 16 mayo, 2017 - 5:33 pm

La titular de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rébori, sostuvo que, al fallar a favor del 2×1 para los represores la Corte Suprema cometió un “error” no solo jurídico sino también “político”, porque “como cabeza del Poder Judicial, tiene la obligación de llevar adelante políticas de Estado”, como lo es la defensa de los derechos humanos. “Perdieron conexión con la realidad”, dijo la magistrada sobre los jueces que firmaron el fallo y cuestionó su permanencia en el máximo tribunal.

De acuerdo a lo consignado por Página/12, Garrigós de Rébori sostuvo que los tres magistrados “se equivocaron en la lectura de la realidad que están viviendo”. La camarista insinuó que “algo pasó” en los integrantes del máximo tribunal para que “se haya hecho una lectura tan sesgada del contexto jurídico y socio político”, como lo fue abrir la puerta a la posibilidad de que más de 270 represores queden en libertad.

Garrigós de Rébori habló por radio Delta y La Red y al respecto vinculó al gobierno de Mauricio Macri con la decisión de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. “No creo que se los hayan pedido (el fallo), pero no hace falta que decirles a los jueces lo que tienen que hacer, basta con nombrar a la persona indicada que uno piensa que va hacer lo que uno quiere que haga”, reflexionó.

Respecto del efecto político del fallo, la jueza sostuvo que la masiva movilización de la semana pasada a Plaza de Mayo en contra del 2×1 para los genocidas “da la razón” de que esa decisión fue “sesgada”. “Omitió la realidad” de una sociedad que rechazó “de manera unánime” la posible liberación de genocidas, dijo.

En cuanto al “error” jurídico, la titular de Justicia Legítima sostuvo que “al haber interpretado esa ley (del 2×1) en el sentido que lo hicieron, los ministros ignoraron los tratado internacionales” en materia de derechos humanos que tienen rango constitucional, así como “también la ley 27.156” (sancionada en 2015), que establece que las penas por delitos de lesa humanidad “no son conmutables”, ni tampoco objetos de amnistías ni indultos.

“Traspusieron el límite sin advertir que no podían trasponerlo”, sintetizo Garrigós de Rébori, al tiempo que sostuvo que los tres jueces que votaron a favor de la conmutación de penas a los represores no tomaron esa posición “para inmolarse” sino que lo hicieron “convencidos de que esa era la decisión que debían tomar”.

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