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Bonadio procesó a Ricardo Echegaray por violación de secreto y falso testimonio

echegarayy 2 junio, 2016 - 2:25 pm

El ex funcionario del kirchnerismo fue denunciado por el ministro Alfonso Prat-Gay por violación de secreto.

El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de Ricardo Echegaray, actual Auditor General de la Nación y ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por los delitos de violación de secreto y falso testimonio.

Es en el marco de una causa que se inició en 2014 por la denuncia del actual ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay. Echegaray había apuntado a Prat-Gay cuando reveló que desde Francia había llegado información sobre evasores argentinos que habían habían realizado transacciones para enviar dinero al exterior a través del HSBC.
La AFIP ya había denunciado una plataforma ilegal montada por dicho banco y sus directivos, con el fin de promover la evasión de impuestos de contribuyentes argentinos. Según la denuncia habían montado una estructura “facilitadora” para la evasión. La AFIP señaló que ese armado incluía a apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red offshore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales para ocultar la verdadera identidad de los titulares de los fondos depositados en Suiza y, en consecuencia, posibilitar la evasión de impuestos. En la denuncia de la AFIP se mencionaba a Alfonso Prat-Gay, figurando como apoderado y “usuario de internet” de la cuenta de Amalia Lacroze de Fortabat y de su nieta Amalia Amoedo. La denuncia, del año 2014, se tramita en la justicia en lo Penal Económico y la causa está a cargo de la jueza María Verónica Stracci.

Horacio Justo Curien y Pedro Gustavo Roveda son los que realizaron la denuncia en nombre de AFIP: respectivamente, el subdirector General de Fiscalización y el subdirector general de Asuntos Jurídicos del organismo recaudador, que también fueron procesados por Bonadio.

Para el juez, Echegaray violó los términos del tratado que rige la colaboración entre los dos países y que establece que los datos solo pueden ser usados para “la persecución tributaria”. Es decir que pueden ser utilizados tan solo por el organismo recaudador de impuestos para reclamar a los posibles evasores.

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