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Allanan sedes de la Procuración por la polémica compra de un edificio

HkWhwJ2Tg_930x525 12 abril, 2017 - 8:46 pm

Tras una orden del juez federal Julián Ercolini, efectivos de la Policía Federal allanaron cuatro sedes de la Procuradora General de la Nación, que conduce Alejandra Gils Carbó, una inmobiliaria y el domicilio de un funcionario de ese organismo, para esclarecer la polémica compra en 2013 del edificio del organismo ubicado de la calle Perón 667 de esta capital.

La información sobre el operativo es poca, porque la causa que investigan el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano está bajo secreto de sumario. Se realizaron operativos judiciales en la sede administrativa de la Procuración, en la Avenida de Mayo; en el edificio de la polémica, y en otras dos dependencias del organismo ubicadas en la calle 25 de mayo y en la avenida Belgrano.

En todas esas dependencias, los policías habrían estado buscando las computadoras en las que alguna vez trabajó Guillermo Bellingi, el subdirector de administración en el momento en que se compró el edificio de la calle Perón, y que ayer fue separado de sus funciones a causa de un sumario administrativo ordenado por la procuradora.

Fuentes judiciales también afirmaron a este diario que hubo operativos en el domicilio de Bellingi y en la inmobiliaria Jaureguiberry, que participó de la operación cuestionada.

La polémica estalló hace dos semanas, cuando se supo que la justicia investigaba la compra de la sede de la Procuración en la calle Perón, Entonces se supo que la firma vendedora del edificio -Arfinsa de la familia Bemberg- pagó 8 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry en concepto de comisión y ésta, a su vez, una subcomisión de 3 millones al productor de seguros, Juan Carlos Thill. Se investiga si éstos están vinculados al empresario Héctor Alonso, ex marido de Gils Carbó y gestor inmobiliario.

La causa podría ser uno de los ejes más fuertes del pedido de juicio político de la jefa de los fiscales y socia fundadora de “Justicia Legítima”.

Sucede que antes de concretar esta polémica operación, se había preadjuicado la compra de otro edificio en el 2012, pero Gils Carbó la anuló y llamó a una nueva que terminó con esta adquisición.

En respuesta al escándalo, Gils Carbó firmó la resolución 782/17 para la apertura de una investigación administrativa destinada a esclarecer los hechos que -según la página “fiscales.gov.ar”- “dieron lugar a distintas denuncias periodísticas publicadas durante el último fin de semana y que forman parte de una causa penal en la que se investigan supuestas maniobras ilegales vinculadas a la adquisición del inmueble de la calle Perón 667”, en alusión a una nota de Clarín y otra de Infobae del domingo pasado.

En la resolución, Gils Carbó precisó que se trata de “eventos de alta gravedad que demandan una actuación institucional acorde a la transparencia con que esta Procuración General se ha venido desempeñando”.

El sumario está a cargo del Fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, quien deberá producir un informe final en un plazo no mayor a 60 días.

En la Justicia federal se recibió una denuncia contra Gils Carbó por presunto cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos a raíz de la compra del edificio, donde aparecería involucrado su ex marido.

Si bien el caso había trascendido a mediados de marzo como una precausa, el fiscal Carlos Rívolo hizo la investigación y la denuncia la formalizó Guillermo Marijuán ante el juez federal Julián Ercolini, quien dispuso el secreto de sumario. Por sorteo, la causa finalmente quedó en manos de Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, quien pidió el secreto de sumario.

El abogado de la Procuradora, Alejandro Rúa, rechazó en la causa el pago de sobreprecios o comisiones en esa operación inmobiliaria de 2013.

Fuente: Clarin

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