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Oyarbide procesó a concejal por explotación sexual

0012485710 18 julio, 2015 - 5:11 pm

El juez federal Norberto Oyarbide procesó a la concejal oficialista de San Antonio de Areco, Angelina Zapico, a sus padres, su hermana y a varios de sus socios por explotación sexual. La edil está acusada de ser la propietaria de una serie de prostíbulos, entre ellos, el histórico Café Orleans, en la esquina de San Martín y Córdoba, en el microcentro porteño.

La denuncia fue impulsada oportunamente por Lucas Schaerer, de la Fundación La Alameda. En un escrito presentado el 16 de abril, aseguró que Zapico posee cuatro sociedades que son dueñas de varios bares del centro de la Ciudad de Buenos Aires en los que funcionan prostíbulos.

Tras realizar una investigación preliminar, el fiscal Federico Delgado pidió impulsar la causa porque comprobó que los locales denunciados son “frecuentados por mujeres que ejercen la prostitución, quienes aportan una comisión al comercio en concepto de ‘copas compartidas’ que consumen con los ocasionales clientes, para luego retirarse a un hotel de la zona”.

El expediente cayó en el juzgado de Oyarbide y quedó en manos del fiscal Gerardo Pollicita. El magistrado allanó y clausuró varios de los bares, y llamó a indagatoria a Zapico, quien finalmente fue procesada. El juez también la embargó por 200 mil pesos y le prohibió salir del país. Los abogados de la defensa ya apelaron la decisión.

En el mismo acto, Oyarbide también procesó a los socios de Zapico en las firmas Ril SRL, Jocel SA, Loch Ness SRL y Reconquista 872 SRL, y a los dueños de otras empresas vinculadas a la red de supuestos prostíbulos, entre quienes se encuentran los padres de la concejal, José Antonio Zapico y Celsa Concheso Álvarez de Zapico, y su hermana Mariana Zapico. El resto de los involucrados son Segundo Gómez y Ares y Andrés Cardozo, ambos detenidos y liberados durante los allanamientos, y Manuel Vásquez López, Nicolás Martiniano Pizarro y Hernán Vázquez

Zapico, ex directora de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, quedó formalmente acusada de violar el artículo 125 bis del Código Penal, que reprime al que “promoviere o facilitare la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. Por ser funcionaria pública, la pena se agrava a entre 5 y 10 años de prisión.

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