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Policía podrá solicitar identificación para “prevenir delitos” en el ámbito porteño

Constitución policías 7 enero, 2016 - 10:41 am

Es tras un fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia Porteño que revocó una sentencia de Cámara, que había anulado un procedimiento policial. En abril de 2014, uniformados le pidieron documentos para identificación a Lucas Abel Vera en la terminal ferroviaria de Constitución y según el testimonio policial que obra en la causa “el sujeto comenzó a demostrar cierto nerviosismo” y “de forma espontánea manifestó poseer un arma de fuego en la cintura”, tras lo cual fue detenido.

Al hombre se le inició una causa, que al llegar a la sala II de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) consideró que era nulo el procedimiento de identificación del imputado y de todo lo obrado en consecuencia argumentando porque la policía no se encuentra autorizada a “impedir la libre circulación -aunque fuese por un tiempo mínimo- y de exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo”.

Constitución policía

Sin embargo luego de la apelación de la fiscalía, el expediente llegó al Tribunal Superior de justicia (TSJ) integrado su Presidente Luis Lozano y los magistrados Alicia Ruiz, José Casás, Inés Weinberg y Ana María Conde; y la mayoría hizo lugar al recurso presentado por el fiscal.

Justificaron que “la solicitud de documentos en la vía pública a las personas en ejercicio de controles generales por parte de la policía, constituye una de las facultades implícitas, en tanto puede considerársela como emanada del poder de policía del Estado y lícita mientras se la ejercite razonablemente”.

Criticaron la sentencia de la sala II al señalar que “efectúa una interpretación que se aparta de las reglas del debido proceso, al exigir un requisito no previsto legalmente para que la policía pueda solicitar la identificación de una persona en la vía pública”.

La jueza Alicia Ruiz en cambio, votó por rechazar el recurso de queja al considerar que carece de crítica fundada.

El máximo tribunal, aclaró de todos modos que “resultará necesario descartar que la actuación policial haya sido guiada por parámetros discriminatorios” y por ello que “la legitimidad del ejercicio de la facultad habilitada dependerá de un estudio de las circunstancias que la rodearon, a la luz de los parámetros antes establecidos, que aún no ha sido efectuado en estas actuaciones”.

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