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Crisis en las cárceles de Buenos Aires: denuncian torturas, corrupción, sobrepoblación y hacinamiento

spb_2.jpg_139456594 24 septiembre, 2016 - 12:04 pm

Por Javier Cappiello

Tortura, corrupción, sobrepoblación penitenciaria, y hacinamiento son los cuatro factores que resumen a la perfección el estado crítico de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

El Comité contra Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Florencio Varela, donde funciona el complejo construido en 1995 y que nuclea seis penales, coincidieron en que “el sistema penitenciario bonaerense atraviesan una profunda crisis”.

“Tenemos un serio problema de graves violaciones a los derechos humanos. La tortura hoy es una práctica sistemática en estos lugares de detención y se llega a casos extremos bestiales como, por ejemplo, la muerte de Gastón Ayala sucedida el primero de agosto pasado en la Unidad nº1 de Olmos, que fue directamente asesinado a patadas y golpes de puños por agentes penitenciarios que se encuentran imputados”, aseguró Roberto Cipriano, director del Comité contra la Tortura de la CPM en declaraciones a Alerta Online.

Actualmente, la sobrepoblación y el hacinamiento penitenciario hacen a un sistema judicial que tiene, aproximadamente, 20 mil plazas y aloja más de 34 mil personas.

“Inclusive, si se toma en consideración el número de 2500 personas alojadas en comisarías tampoco aptas para el alojamiento de personas, el problema se agrava mucho más”, apuntó Cipriano a la vez que sumó a la lista que rigen “los problemas estructurales edilicios y las condiciones “inhumanas de detención”. “Prácticamente, en todas las unidades esto también provoca una gran cantidad de pabellones con celdas que no tienen agua y cloacas tapadas”, agregó.

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El tradicional penal de Olmos es uno de los ejemplos que refleja las consecuencias del exceso de capacidad habitacional. “El problema de la sobrepoblación va generando que una cárcel como Olmos que fue construida hace ciento cincuenta años para 900 personas hoy aloje 2600. No hay estructura, cloaca ni sistema de agua que aguante, y la instalación eléctrica revienta todo el tiempo”, puntualizó Cipriano.

La realidad es que se estima que responden a “problemas complejos de solucionar” ya que debido que sea tomada “una decisión política de ir a fondo en la reforma estructural del servicio penitenciario bonaerense, de las leyes que regulan el funcionamiento penitenciario hasta un reforma estructural en el sentido que tiene el propio servicio penitenciario en el encierro de superación con el sistema incriminado”.

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Según Cipriano, desde el gobierno provincial hubo reuniones con la gobernadora María Eugenia Vidal y con el ministro de justicia bonaerense, Gustavo Ferrari pero todavía se aguarda por el mejoramiento sugerido por las autoridades. “Nos reunimos con la gobernadora y el ministro de Justicia, les llevamos este diagnóstico y planteamos la gravedad de la situación. Ellos nos manifestaron sus necesidades de reformar el sistema. Hubo avisos realizados por el ministro, pero esas medidas no alcanzan para resolver este problema. De todas maneras nos dijeron que están trabajando en una propuesta legislativa de todos estos temas, pero como todavía no accedimos a esos documentos no podemos evaluar”, precisó.

Además, Cipriano enfatizó en que las autoridades provinciales no le dieron participación en los procesos de evaluación y respuesta a las entidades como la CPM. “Nos preocupa que ni siquiera se halla consultado a los organismos que trabajamos en estas cuestiones como Comisión por la Memoria, pero tampoco se consultó a las ONG, personas que tienen información y podrían aportar para esta transformación”, opinó Cipriano.

La corrupción a la orden del día

Otro de los inconvenientes que no logra erradicarse es la connivencia policial penitenciaria para que se produzcan determinados hechos ilegales. “Existen desde problemas estructurales de corrupción hasta la pequeña corrupción en la reja. Todo se compra, todo se vende. Circulan cicofarmacos y droga de manera ilegal. Todo esto muchas veces provisto por los propios agentes penitenciarios”, expresó.

Mientras queda tela por cortar, desde la CPM destacaron un avance en Asuntos Internos del ministerio de Justicia dada la estadística de los últimos casos de corrupción y tortura por agentes penitenciarios: 20 efectivos fueron desafectados.

“Si bien eso es un avance, no alcanza para que esta situación se revierta. El servicio penitenciario es una fuerza de 22 mil agentes, aproximadamente, y requiere de medidas estructurales porque la corrupción y la violencia de la tortura es extendida. Es decir, gran parte de la fuerza realiza estas prácticas y por eso si bien es importante que se investigue y detengan algunos casos no alcanza con eso solo”, aseveró Cipriano.

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Por su parte, el titular del área de Derechos Humanos de Florencio Varela, Guillermo Ñañaz, entendió que la corrupción en los complejos se encuentra “a la orden del día”.

“Se pueden ver millones de casos, desde un penal que hicieron funcionar en San Martín hasta la estructura que hay dentro de los penales que tiene dos sistemas: uno tiene un jefe de penal de presos hacia aquellos que delegan su poder a un sector de la población carcelaria”, explicó.

En ese sentido, el encargado de DDHH de Varela precisó que “eso explica que cuando sucede un motín se intenta tomar el poder de un pabellón”. Respecto al tráfico ilegal de drogas y armas, como facas, consideró que “es parte del sistema del sistema de corrupción penitenciario, desde las máximas autoridades hasta los guardias se perciben que las facas se negocian”. “Hay requisas pero luego vuelven a entrar y hay enfrentamientos pactados entre bandas con muertos. En una visita presencié cómo un pibe salvó su vida milagrosamente porque lo habían faqueado en su cuello y le salía sangre, en la unidad 31”, expresó a este medio quien además se desempeña como docente dentro del penal valerense.

Ñañaz reveló que en muchas oportunidades “en la lista de muertos no hay ningún guardia denunciado”. “El sistema es por violación. Es decir, yo soy guardia, delego volumen en alguien del penal y asesinan a tal fulano a cambio de alguna cita sexual o comida, la cual nunca alcanza y eso genera también un sistema de corrupción con los proveedores”, puntualizó.

No obstante, Ñañaz remarcó que aún espera respuestas por parte de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, dirigida por Santiago Cantón. “Con el actual secretario desde que asumió, hasta ahora, no tuvimos contacto y le envié distintas invitaciones pero no lo conozco. En su momento cuando asumí como director de derechos humanos tuve una reunión con Sara Cobacho, ex secretaria de DDHH bonaerense. Hasta el día de hoy lo conocí de casualidad en una reunión donde fui invitado, pero se ve que él tampoco tuvo mucha curiosidad en conocerme, realmente increíble”, concluyó.

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