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El derrumbe institucional

Eduardo Barcesat 29 agosto, 2016 - 5:32 pm

Con ese título vengo pronunciando una serie de conferencias en distintas ciudades del conurbano e interior del país. Es que, desde la inicial maniobra de quebrantar el claro texto constitucional (art. 91 y cláusula transitoria 10º), para lograr que el acto de asunción fuere a imagen y semejanza del nuevo Presidente, se ha borrado la división de poderes y el control de constitucionalidad que debe ejercer el Poder Judicial de la Nación, lo que exhibe un Congreso de la Nación maniatado por la situación económico/financiera de las provincias, que perviven por las escasas remesas del Tesoro Nacional, y un elenco de Jueces que en lugar de honrar el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36, C.N. y art. 3º Ley 27), se han convertido en la “tercera pata” del partido del poder; esto es, 1) de las corporaciones trasnacionales y oligarquía agropecuaria y financiera, 2) de los medios de comunicación hegemónicos y 3)  ese extenso tramo corporativo de la administración de justicia, presta a cumplir con los dictados y persecuciones que dispongan los que mandan.-

Se ha militarizado la prevención y represión de los delitos que, entienden, afectan a la seguridad pública, reintroducido en forma subrepticia la pena de muerte (protocolo del derribo de “vectores hostiles”), sin proceso judicial previo, y se ha entregado nuestra independencia económica mediante la fraudatoria sumisión a las exigencias de los fondos buitres, obrar que no sólo contradice la sana doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (precedente “CLARENS CORPORATION”; sentencia de marzo de 2014), sino que pone en riesgo la recomposición de la deuda externa lograda en los años 2005 y 2010, que alcanzó al 93% de las acreencias. En lugar de dictar una ley que imponga la reposición al país de los capitales fugados -friolera de CUATROCIENTOS VEINTE MIL MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES, según TAX JUSTICE NETWORK y el GAFI-, han dictado una norma criminal de excusación de responsabilidad y beneficio fiscal para los autores responsables del saqueo.-

No hay derecho de autodeterminación plena sin independencia económica y titularidad efectiva del pueblo de la Nación Argentina sobre sus recursos y riquezas naturales. Así rezan de consuno los Pactos Internacionales de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que integran la Ley Suprema de la Nación Argentina (art. 75, inc. 22º, C.N.).-

Ese es el Estado de Derecho que debemos lograr,  un pueblo y seres humanos libres respecto del temor y libres respecto de la miseria, como lo establecen los referidos instrumentos internacionales.-

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