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Casanello ordenó determinar si hay una “doble contabilidad” en la filial argentina de Odebrecht

Federal police cars are parked in front of the headquarters of Odebrecht, a large private Brazilian construction firm, in Sao Paulo, Brazil, June 19, 2015. Federal police agent Igor Romario confirmed that Odebrecht CEO Marcelo Odebrecht and Andrade Gutierrez CEO Otavio Marques Azevedo were among 12 people arrested on Friday in a corruption investigation at state-run oil firm Petrobras. Brazilian prosecutor Carlos Fernando dos Santos Lima said at a news conference in the southern city of Curitiba that an investigation into Brazil's two largest construction firms uncovered a sophisticated scheme of illegal acts, including participating in a cartel and fraud in project bidding. REUTERS/Rodrigo Paiva 5 julio, 2017 - 10:32 pm

El juez federal Sebastián Casanello ordenó una “inspección y auditoría” para relevar el flujo de dinero y determinar la “posible existencia de cuentas no registradas” o una “doble contabilidad” en la filial argentina de la constructora Odebrecht y otras empresas investigadas en el marco del escándalo del “lava jato”.

La medida se dispuso para las empresas que conformaron una unión transitoria, que estuvo a cargo de la construcción de dos plantas potabilizadoras de la empresa estatal AYSA, desde 2008, según la resolución a la que accedió Télam.

El juez lo dispuso en una de las causas penales abiertas en los tribunales federales de Retiro, con relación al escándalo del “lava jato” brasileño y abarca a las empresas Odebrecht SA sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA.

Casanello ordenó que durante diez días se inspeccione y audite a la UTE conformada y a cada empresa en particular.

La medida se ordenó “con la finalidad de relevar el flujo de dinero; diseñar una estructura de costos y gastos; determinar la posible existencia de cuentas no registradas o de doble contabilidad, asientos simulados, transacciones incorrectamente identificadas o registros incorrectos”, según la resolución.

En la causa que investiga si hubo sobreprecios o pago de sobornos en la construcción de plantas potabilizadoras se dispuso también “determinar la existencia de facturación sin prestación efectiva de servicios; verificar la existencia de maniobras que tengan por objeto el fraude fiscal; identificar variaciones del capital, cambios accionarios y de dirección” desde 2008 a la actualidad.

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